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| El Gobierno de Canarias incrementa en 4 millones el presupuesto de las universidades públicas, que asciende a 290 millones de euros |
Esta aportación adicional mejora la financiación para 2025 de las instituciones académicas y supone la apuesta manifiesta del Ejecutivo canario por la formación, la investigación y el conocimiento.
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige la consejera Migdalia Machín, ha aprobado el incremento en cuatro millones de euros de la aportación presupuestaria prevista en el primer borrador a las dos universidades públicas del archipiélago, lo que hace que ascienda a 290 millones de euros, volviendo a ser, por segundo año consecutivo, el presupuesto más alto de la historia para las universidades canarias.
La responsable de la Consejería de Universidades, Migdalia Machín, apunta que “esta mejora en la aportación dineraria del Gobierno a ambas universidades es una muestra más del apoyo y apuesta manifiesta del Ejecutivo canario por las instituciones académicas y, por ende, por la formación superior, la investigación y el conocimiento”.
Asimismo, Machín destaca que “un año más, este Gobierno vuelve a tener el mayor presupuesto de la historia para las universidades públicas, pasando de 270 millones de euros en 2023 al incremento con el actual gobierno hasta 278 millones en el año 2024, y ahora, en 2025, se alcanzan los 290 millones de euros, aprobados definitivamente y mejorados a través de enmiendas”. Y añade que son “unas cifras que darán estabilidad a las dos universidades canarias en un momento de incertidumbre ante la falta de presupuestos estatales”.
En este sentido, tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna recibirán dos millones de euros extraordinarios cada una, con fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, en concepto de gastos de funcionamiento que podrán utilizar para sus actividades propias y así contribuir al buen funcionamiento de las instituciones académicas canarias.
Los gastos de funcionamiento para la prestación de servicios y la realización de actividades propias de las universidades podrían incluir actuaciones encaminadas a la adecuación de la accesibilidad, la mejora de las condiciones de seguridad de uso, la eficiencia en instalaciones, la mejora de instalaciones técnicas, la mejora de espacios docentes, el mantenimiento de instalaciones, el suministro de energía eléctrica, entre otras cuestiones necesarias para el ejercicio óptimo de la actividad.
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