El Pleno de la Mesa del Transporte Terrestre insta al Estado a asumir el coste íntegro de la gratuidad de las guaguas

El Pleno de la Mesa del Transporte Terrestre insta al Estado a asumir el coste íntegro de la gratuidad de las guaguas

Los siete cabildos insulares han firmado una carta en la que solicitan, por unanimidad, que el Ministerio asuma, como hace con el resto de comunidades autónomas, esta prestación, que cifran en más de 140 millones de euros.

El consejero Pablo Rodríguez insiste en que el presupuesto del Estado destinado a cubrir esta iniciativa es “absolutamente insuficiente” y está generando problemas de liquidez a las administraciones insulares y operadores de transporte

El sector ha trasladado a la directora de Transportes su acuerdo para abordar, por separado, la regulación del transporte profesional y la movilidad sostenible, y llevar a cabo una reforma parcial de la ley 13/2007 de ordenación sostenible del transporte terrestre de viajeros

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con la directora general de Transportes, María Fernández, han convocado esta mañana la Mesa del Transporte Terrestre de Canarias para instar al Estado a asumir el coste íntegro de la gratuidad de las guaguas, a través de una carta que han firmado junto con los representantes de los siete cabildos insulares.

Pablo Rodríguez ha destacado que “hemos firmado una carta para pedir, de forma unánime, al Gobierno de España que pague el coste efectivo y real de la gratuidad del transporte de guaguas, que ronda los 140 millones de euros, es decir, en torno a sesenta millones de euros más de lo que recibe actualmente la comunidad autónoma”.

En esta línea, el consejero ha explicado que los presupuestos generales del Estado, que están prorrogados, solo contemplan 81 millones de euros para cubrir “una medida que ha sido realmente extraordinaria y que ha conseguido que la gente realmente dé el paso y se sume al transporte público, a la guagua”. Asimismo, ha añadido que esta partida es “absolutamente insuficiente” dado que esta cantidad se calculó en una fase inicial y no contempla las cifras de pasajeros actuales, lo que está generando problemas de liquidez a las administraciones insulares y a los operadores de transporte.

Por su parte, la directora general de Transportes, María Fernández, ha recalcado que las soluciones a los problemas de movilidad que existen en las islas se deben afrontar a través del impulso a una batería de medidas que generen un impacto positivo en ese cambio modal.

“El Pleno de la Mesa del Transporte Terrestre, donde se encuentra representado el sector privado, el sector público, los sindicatos, los consumidores, los usuarios y las administraciones públicas, es el órgano ideal del que deben partir todas esas herramientas que se tienen que poner en marcha para generar un cambio en la mentalidad y avanzar hacia una movilidad más sostenible, en la que se produzcan menos atascos”, ha apuntado Fernández.

Asimismo, la directora ha destacado que en esta reunión se ha abordado el estado de tramitación del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, así como del Decreto Ley de modificación de la ley 13/2007 de ordenación sostenible del transporte terrestre de viajeros que está preparando su departamento, y que será llevado próximamente al Consejo de Gobierno, con el objetivo de conocer el punto de vista de los sectores implicados y seguir avanzando en la mejora de la movilidad.

Otro de los puntos del día hacía referencia a cómo abordar la profundidad de la reforma de la modificación parcial de la ley de 2007, bien a través de un nuevo texto legislativo o mediante reformas parciales. En este caso, el pleno ha llegado al acuerdo de trabajar en una reforma parcial, cuyo alcance se determinará en una siguiente convocatoria de la mesa durante este año.

Asimismo, el sector también ha trasladado a la Dirección General de Transportes la negativa de sacar adelante una ley que regule al transporte profesional y a la movilidad sostenible, tal y como se planteaba en un borrador trabajado durante la pasada legislatura. “Los representantes nos han mostrado su acuerdo al criterio aportado por este equipo de gobierno de separar estos dos ámbitos y abordar, en paralelo, la situación del transporte profesional y de la movilidad”, ha concluido Fernández.