El Gobierno de Canarias refuerza el escudo social de las islas y amplía los protocolos para la suspensión de desahucios a las familias vulnerables |
El consejero en funciones de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, firma un convenio con el
Consejo General del Poder Judicial y la FECAM para establecer un
protocolo de colaboración que permitirá mejorar la atención a las
familias sin recursos antes de que se produzca un lanzamiento.
Este
convenio contempla la intervención en cualquier tipo de desahucio que
se realice en las islas, ampliando de esta forma el alcance del Real
Decreto del Estado que paraliza los desahucios sólo a inquilinos y a
afectados por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 o
la guerra de Ucrania.
La Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero
en funciones Sebastián Franquis, firmó hoy un nuevo convenio de
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM) para establecer un protocolo de
actuación, de forma conjunta y coordinada, ante situaciones de
desahucio de familias vulnerables en Canarias y evitar, siempre que sea
posible, los lanzamientos.
“Estamos firmando un convenio que se
adapta a una realidad concreta que estamos viviendo en Canarias y que
persigue, fundamentalmente, evitar los desahucios en nuestra Comunidad
Autónoma con los diferentes instrumentos que tiene la administración.
Por tanto, estamos incrementando ese escudo social que ya existía para
que en los próximos cuatro años las familias canarias con dificultades
estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy”,
afirmó Sebastián Franquis, “y este es un buen momento porque el día 30
de este mes se acaba el periodo de protección que estableció el Estado
mediante Real Decreto, por lo que nosotros lo que hacemos es extender
ese periodo y, además, lo ampliamos de forma general a todas las
familias vulnerables, no exclusivamente a las personas afectadas por el
COVID o la guerra de Ucrania, como recoge el Real Decreto”.
El
convenio, que ha sido firmado hoy en Santa Cruz de Tenerife por el
consejero en funciones, Sebastián Franquis y la presidenta de la FECAM,
María Concepción Brito, y que será firmado posteriormente por el
presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cuenta con una vigencia de cuatro
años prorrogables y permitirá mejorar la gestión pública ante un
desahucio mediante la intervención del Instituto Canario de la Vivienda
(ICAVI) y los servicios sociales de los ayuntamientos canarios.
El
convenio contempla la paralización inmediata en los casos de desahucio
por impago de las familias económica y socialmente vulnerables –
aquellas que cuenten con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir 11.862 euros
anuales;, situaciones de dependencia o discapacidad; víctimas de
violencia de género; familias numerosas, etc.- donde, a juicio de la
Autoridad Judicial, se determine la necesidad de intervención de los
servicios sociales municipales o del Gobierno de Canarias para lograr
una solución al lanzamiento.
Ante un posible caso, el primer paso
que se establece en el Convenio se centra en informar de los recursos a
su alcance a la persona afectada. Si se trata de un propietario que
afronta el impago de la hipoteca, el protocolo contempla informar a las
personas afectadas del Código de Buenas Prácticas Bancarias, por si
pueden hacer frente a la deuda y no llegar al lanzamiento. En el caso de
desalojo de inquilinos por impago de la renta, los juzgados informarán
de los distintos programas que ofrece tanto el Gobierno de Canarias como
los ayuntamientos para la asistencia social.
El segundo paso que
establece este protocolo se centra en el proceso de desahucio, si éste
se va a ejecutar y se detecta que se trata de personas en situación
vulnerable, los juzgados se comprometen a paralizar el procedimiento y
dar parte al ICAVI para que se active el programa Canarias Pro-Hogar y
se constate la situación de riesgo de los afectados.
Una vez
certificada dicha vulnerabilidad, se incluye a las personas afectadas en
el Canarias Pro Hogar, donde se les podrá facilitar una ayuda para
pagar el alquiler y evitar el lanzamiento, o se les derivará a los
recursos municipales que se encuentren disponibles y que ofrezcan los
ayuntamientos, como una vivienda provisional. Otra vía que se establece
para evitar el desahucio es negociar directamente con los fondos de
inversión o entidades bancarias propietarias del inmueble, como ya hace
en la actualidad el ICAVI a través del Canarias Pro Hogar.
A
diferencia del Real Decreto-ley 11/2020 que, actualmente, mantiene
paralizados los casos de desahucios en situaciones de vulnerabilidad
sobrevenida por la crisis sanitaria de la Covid-19 o derivados de la
guerra en Ucrania, el Convenio suscrito hoy permitirá que se aplique la
paralización de los desahucios a todos los casos de vulnerabilidad en
Canarias, garantizando así la atención necesaria y evitando el riesgo de
que las personas afectadas caigan en situación de exclusión social.
Además, este convenio no se centrará en los grandes tenedores, sino que
abarcará cualquier procedimiento judicial de desalojo en las islas.
“Creo
que Canarias ha avanzado mucho en los últimos años en materia de
vivienda y de defensa de los derechos de los más vulnerables, logrando
evitar en los últimos tres años más de 1.300 desahucios. Por eso, este
convenio lo que hace es confirmar lo que se ha hecho hasta ahora, de
forma más o menos voluntaria, entre las distintas administraciones
públicas para hacerlo a través de un protocolo y por los canales
oficiales. Por eso agradezco a los ayuntamientos, a través de la FECAM, y
también al Consejo del Poder Judicial, que firmen con nosotros este
convenio y este protocolo para que en los próximos cuatro años las
familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que
estaban hasta el día de hoy”, recalcó Sebastián Franquis.
Herramientas
como el Canarias ProHogar han permitido, desde 2021 y hasta la fecha,
frenar 1.378 desahucios en el Archipiélago por lo que, este convenio,
permitirá impulsar este tipo de instrumentos de forma conjunta y
coordinada entre administraciones, como señaló el consejero en
funciones.
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